No importa que el Congreso de EE.UU. y el presidente Barack Obama fracasaran recientemente en adoptar leyes para controlar la venta y uso de armas, sus portadores tienen un problema a la hora de usarlas con la libertad que desean porque les faltan las municiones.
El país sufre una escasez de balas de todo calibre, pero en especial las de calibre .22, que ha forzado a vendedores a limitar la cantidad de provisiones que una persona puede comprar.
En enero pasado la mayor cadena de tiendas del mundo, Walmart, anunció un tope de tres cajas de munición por día y por persona, aclarando que no se debía a ningún tipo de presión política sino a razones de mercado. Medidas similares han tomado grandes cadenas especializadas como Cabela o Dicks.
"Aquí no faltan balas, lo que sobra es gente con armas", dijo a BBC Mundo con un dejo de frustración el encargado del departamento de armamentos de una gran tienda deportiva ubicada en Miami, quien prefirió no ser identificado, ni él ni su compañía, la que por cierto aún no ha establecido controles a la venta.
Desde la matanza de 20 niños y 6 adultos en la escuela de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012 a manos de un joven armado, la demanda de armas y balas aumentó, en buena medida porque contar con ellas refuerza la sensación de seguridad de muchos, de acuerdo con los analistas.
Pero en círculos conservadores sospechan que la falta de balas es culpa del gobierno, que estaría comprando más munición de la que necesita y agotando los inventarios para dificultarle a los ciudadanos el acceso a las balas y, por tanto, el uso de sus armas a los ciudadanos.
Límitar al gobierno
Para garantizar que la gente puede usar sus armas, algunos quieren que se establezcan límites a las compras, pero a las que hace el gobierno central.
Los legisladores por Oklahoma, Jim Inhofe y Frank Lucas, presentaron en abril ante el Congreso un proyecto de ley para limitar la cantidad de munición que pueden comprar los organismos federales, a excepción del Departamento de Defensa.
De ser aprobada la ley, el Departamento de Seguridad Interior y otras oficinas gubernamentales no podrán reponer municiones si tienen almacenadas una cantidad superior al promedio mensual que manejaban con gobiernos previos al de Obama.
"El presidente Obama ha sido tenaz en limitar el acceso y las oportunidades para ejercer sus derechos bajo la segunda enmienda de la Constitución a los estadounidenses respetuosos de la ley", dijo el senador Inhofe, quien aseguró que agotar el mercado con "compras innecesarias" es una de las estrategias de la Casa Blanca para lograrlo.
Los promotores de la ley aseguran que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) tiene el equivalente a dos años de municiones almacenadas y que sus funcionarios disponen de mil balas más de las que tiene en promedio un miembro del ejército, algo que consideran "totalmente injustificado".
"Nos quieren desarmar"
Las declaraciones de Inhofe se conectan con los miedos expresados siempre por ciertos sectores conservadores estadounidenses de que el gobierno central esté a punto de lanzar una "ofensiva" para quitarles el armamento y desconocer sus derechos consagrados en la Segunda Enmienda de la Constitución.
Ese temor se reactivó en 2008 cuando Barack Obama ganó la presidencia y se intensificó en 2012, cuando obtuvo la reelección.
El gobierno niega que esté "acaparando" municiones y negó la versión de que piensa adquirir 1.600 millones de balas en los próximos cinco años, como advierten algunas organizaciones prodefensa del uso de armas basadas en las proyecciones de compra gubernamentales.
En una comparecencia en el Congreso en abril, el jefe de entrenamiento del DHS, Humberto Medina, aseguró que sus órdenes de compra no superan los 750 millones de cartuchos y puntualizó que su departamento tiene 70.000 personas con porte de armas a las que debe apertrechar.
Medina explicó que sus agentes –de Aduana, Patrulla Fronteriza, Guardia Costera, Servicio Secreto y otros- no pueden "solicitar apoyo aéreo", como haría un oficial del Ejército y que por eso "tienen que ser muy eficientes" usando la única arma que tienen.
A toda máquina
Grandes fabricantes de municiones como Federal Premium Ammunition, Winchester o Remington aseguran en sus páginas web que la porción de sus ventas al DHS es pequeña y no es la causa del desabastecimiento, del que responsabilizan a la gran demanda del producto.
Una medida de la expansión del mercado se puede tener por los impuestos recabados por la venta de armas y municiones que pasó de US$300 millones en 2008 a US$514 millones en 2012, según datos de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Se estima que la industria de armas movió unos US$32.000 millones en 2012, frente a los US$19.000 del 2008.
La oportunidad de negocio es tan grande que Remigton anunció una inversión de US$32 millones para expandir las operaciones en su planta de municiones de Lonoke, Arkansas.
Las balas se están convirtiendo en un bien tan preciado para deportistas, cazadores y amantes de las armas en general, que algunos han especulado que podrían usarse como moneda de cambio o como refugio de inversionistas al estilo de la moneda virtual bitcoin.
Los fabricantes advierten que la vida útil de las municiones es de diez años y que, aunque como con algunos alimentos pueden ser usadas tras su expiración, lo recomendable es deshacerse de ellas por otras vías.
Otra curiosidad del mercado, que agradecen los compradores, es que la escasez no ha presionado el alza de los precios -como ocurre siempre que la demanda supera la oferta- por lo que cualquier plan de acaparar para usufructuar parece condenado a ser un fracaso monetario.
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